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Patricia
Caycho :
Si lo extraditan... Esta es la llave. ¿Y si no...?

Alberto Fujimori aguarda el dictamen final acompañado
de su hija Sachi, en la Hacienda Chicureo.
La velada del martes 18 en la Embajada de Chile en el Perú promete ser
inolvidable. El vecino país celebra su aniversario patrio, pero todo
indica que la comidilla de los invitados a la residencia diplomática
no serán los típicos canapés, sino el fallo final de la
Corte Suprema de Chile en el proceso de extradición de Alberto Fujimori,
que se inició hace 20 meses.
Luego
de varios días de haber mantenido el asunto con un suspenso
que envidiaría el propio Alfred Hitchcock, finalmente el lunes último,
los cinco ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema llegaron
a un veredicto final. Alberto Chaigneau, presidente del tribunal,
dijo a los periodistas en Santiago que la redacción del dictamen
(sería de más de 100 páginas) tomará su
tiempo. “Depende de lo que me dejen trabajar”, ironizó.
Pero
al día siguiente, el martes, anunció que el fallo permanecerá “en
secreto” hasta después de las fiestas patrias en Chile,
el próximo jueves 20.
La
decisión de publicar el fallo después de las celebraciones
nacionales es motivo de especulación. No son pocos los que
coinciden en que la Suprema busca evitar manifestaciones en contra
del Poder Judicial, tomando en cuenta que los feriados durarán
tres días (17, 18 y 19 de setiembre) y movilizarán
a gran cantidad de gente a las calles. Hasta entonces, Fujimori estará en
pindinga.
Podría
tratarse de una medida preventiva, un cálculo político,
independientemente de lo que pueda opinar Palacio de la Moneda, sostienen
expertos. Es sabida la posición de la presidenta Michelle
Bachelet en lo que respecta a casos de violaciones de los Derechos
Humanos. Cuando tenía 24 años, fue capturada por órdenes
de Augusto Pinochet y torturada durante un mes. Su padre, general
de brigada aérea, murió en la cárcel mientras
era enjuiciado por órdenes del dictador. La famosa frase “Yo
soy Chinochet”, pronunciada por Fujimori en abril de 1995,
debió calar hondo en la memoria de la concertadora Bachelet.
Por
cierto, con Bachelet, Chile busca un asiento en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Un mal paso podría sacarlo del tablero
y revivir las viejas heridas del caso Pinochet.
Analistas
chilenos aseguran que la Suprema, seriamente cuestionada durante
la dictadura pinochetista, se juega el prestigio con el caso Fujimori.
El
bochorno internacional que significó el arresto en Londres
del ex dictador Augusto Pinochet, en 1998 y por un fallo del juez
español Baltasar Garzón –sumado a las revelaciones
de los US$ 27 millones que ocultaba en el Banco Riggs de Washington,
en EE.UU.–, expuso la trapería de la Corte Suprema y
la estigmatizó.
“Creo
que los tribunales son muy recelosos de no caer en aquello que, en
el pasado, les significó críticas tan duras. Es una
nueva generación que se ve observada por la opinión
pública. Tienen más orgullo propio por la dignidad
de la función”, explicó el jurista José Zalaquett,
ex miembro de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de la Verdad de Chile.
Zalaquett
asegura que ya no quedan en la judicatura magistrados propiamente “pinochetistas” y
señala que la nueva hornada es más cuidadosa al momento
de emitir sentencias que puedan enturbiar la actual reforma judicial.
En
ese contexto, vislumbra un “escenario optimista” para
el Perú. Diarios como El Mercurio y La Tercera de Santiago
de Chile tienden a coincidir, y ha trascendido que la Segunda Sala
Suprema extraditará al ex Presidente por los dos casos centrales:
los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta.
DICHOS
CRIMENES calificados de lesa humanidad fueron oportunamente sustentados
por la defensa del Estado peruano. Documentos y testimonios incriminatarios
como prueba fueron presentados y podrían ser la llave de la
extradición (ver recuadro).
El
principio de la responsabilidad del mando es la clave maestra. La
figura jurídica –originada a inicios del siglo pasado,
pero que tomó fuerza con los juicios de Nuremberg contra los
líderes nazis, en 1945– tipifica “la culpabilidad
del superior cuando aquel no evitó, detuvo o sancionó a
sus subalternos por la comisión de crímenes”.
El
principio bastó para crucificar a Slovodan Milosevic y demás
criminales de guerra de la ex Yugoslavia. “La doctrina de responsabilidad
de mando dice: no tenemos que probar quién apretó el
gatillo, ni quién dio la orden, sino quién tenía
control de la situación. Es suficiente para establecer el
vínculo del procesado con el crimen”, explica Zalaquett.
A
partir de 1991, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) pasó a
depender directamente de la Presidencia de la República. Asimismo
está acreditado que el ‘Grupo Colina’ formaba
parte del Sistema de Inteligencia del Ejército, el cual rendía
cuentas al SIN y, por tanto, al mismísimo Alberto Fujimori. “Es
un agravio a la inteligencia pensar que el ex Presidente no sabía
lo que ocurría en su entorno militar y político”,
opina Zalaquett.
LOS
CINCO SUPREMOS chilenos tienen en su poder los cuadernillos de extradición
peruanos desde el 18 de julio, una semana después de que el
juez de primera instancia Orlando Álvarez echara por tierra
la extradición. El escandaloso fallo copió párrafos
textuales del alegato de la defensa del ‘Chino’ (CARETAS
1986).
El
dictamen fue unánime, explicó Alberto Chaigneau el
lunes 11 y, ahondando en el misterio, añadió: “Los
debates fueron hasta altas horas de la noche”.
El
presidente del tribunal se retirará de la Corte Suprema en
diciembre próximo por límite de edad. Es natural que
piense en un retiro con una foja de servicios intachable y sin un
escándalo internacional en el brasero.
En
la espaciosa Hacienda Chicureo, Alberto Fujimori aguarda en tensa
calma el dictamen supremo, acompañado de su hija Sachi.
El
gobierno peruano ha reiterado su cautela. “Sobre el fondo,
nada podemos decir, no es bueno especular, pero confiamos que habrá una
sentencia favorable al Perú”, afirmó AGP, el
martes último.
UN
FUJIMORI preso en Lima sería una papa caliente que el Ejecutivo
prefiere sortear. La ministra de Justicia, María Zavala, mantuvo
recientes reuniones con el presidente del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE), general PNP (r) Gustavo Carrión Zavala, para evaluar
en qué penal podría ser internado Fujimori. Las opciones:
la prisión de máxima seguridad de Piedras Gordas, en
Ancón, o la tugurizada cárcel para reos primarios,
San Jorge. Una fuente del Ejecutivo descartó un presunto arresto
domiliciario, como se especuló.
De
retornar a Lima, lo procesaría la Sala Penal Permanente de
la Corte Suprema, encabezada por el vocal Roger Salas Gamboa e integrada
por César San Martín, Hugo Príncipe, Víctor
Prado Saldarriaga y Pedro Urbina.
A
su vez, en el Ministerio Público trascendió que el
fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde sería el encargado
de llevar adelante las acusaciones en su contra.
Si
la extradición es rechazada, Fujimori tendría problemas
para salir de Chile por algún tiempo. Tiene pendientes dos órdenes
de captura internacional activas, la primera por la matanza en el
penal Miguel Castro Castro y la segunda por delito de peculado en
el caso del pago irregular al ex broadcaster Ernesto Schütz,
según la Procuraduría. En ese escenario sería
una piedra en el zapato para Bachelet.
Si
en cambio es extraditado, Fujimori sería, después de
Augusto B. Leguía, el único ex presidente peruano en
ser recluido en una prisión del país.
Leguía
fue derrocado en 1930 por el dictador Luis Sánchez Cerro y
acusado de múltiples delitos, entre ellos corrupción.
Fue internado en el Panóptico de Lima, lugar donde falleció dos
años después, en 1932.
Por
todo esto, no cabe duda que la Corte Suprema de Chile afronta un
fallo histórico.
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Patricia Caycho es
periodista, a cargo de la sección de investigación
de la Revista Caretas.Sus
puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota
del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por Caretas,
el 11 de septiembre del 2007. Petroleumworld no se hace responsable por
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Perú 15 09 07
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