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Eduardo Morón:
Transparencia sí, control no
La semana pasada decidí no sumarme a las editoriales que rechazaban el proyecto de fiscalización a las ONG, porque ingenuamente pensé que los congresistas de todas las tiendas entrarían en razón y abandonarían la idea.Pero no ha sido así. Por el contrario, han surgido más voces que defienden la idea de que las ONG deben ser no solo obligadas a registrarse ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), sino que además deben estar sujetas a que la APCI les dé el visto bueno para seguir operando siempre y cuando sus proyectos estén "en armonía" (¿es decir, alineados disciplinadamente?) con lo que el gobierno de turno tenga como objetivos para la cooperación internacional.
El Gobierno y algunos legisladores de la oposición confunden el papel del Estado en exigir que estas asociaciones privadas informen sobre las fuentes de su financiamiento y el destino de dichos fondos. Según este grupo, de esta manera se podrá saber si esta parte del sector privado no hace cosas en contradicción con los objetivos del Gobierno. ¡Qué frescura! ¿Si alguno de nosotros quiere poner su ONG dedicada a ir en contra de la política del Gobierno, utilizando el espacio que la Constitución nos confiere a los ciudadanos para expresarnos con libertad, el gobierno de turno debería censurarnos? ¿Acaso tiene sentido creer que el gobierno de turno conoce cuáles son las verdaderas prioridades que necesitan ser atendidas en el país? ¿Por ejemplo, todos debemos preferir los árboles a las minas o viceversa?
El Gobierno debería confiar en el más cruel de los árbitros: el mercado. Por un lado, si alguna ONG hace mal uso de los fondos que alguna entidad cooperante le ofrece, lo más probable es que saldrá del mercado, pues no le renovarán su confianza. Y si hay alguna fuente de cooperación internacional que alivia sus penas enviando dinero a esta ONG será su problema si quiere desperdiciar sus fondos. El Estado no debe sancionar a esa ONG por destinar los fondos a usos que a algún funcionario público le parece que están mal. ¿Dónde queda la libertad de contratación?
Por otro lado, si alguna ONG tiene la capacidad financiera incondicional y se embarca en un ataque frontal en algún tema específico, no será otra cosa que un 'lobbista' más en dicho asunto. En esa condición, podrán surgir otras ONG que hagan contrapeso a sus posiciones 'extremas' o su propia postura extrema hará que el mercado valore poco su palabra porque se sabrá que sus argumentos son más bien ideológicos y no fundamentados. Por último, el Estado podrá utilizar sus recursos para mostrarle a la ciudadanía que los argumentos de esa ONG son errados o no son convenientes para el país. ¡No puede ser que la herramienta del Estado sea cerrar la ONG!
Sería genial que la APCI informara cuántas ONG cierran. Así como es muy ilustrativo saber qué tipo de empresas cierran, sería igual de interesante conocer por qué algunas ONG no tienen más remedio que cerrar sus puertas y salir del mercado.
¿Por qué los congresistas no empiezan pidiendo información a los gobiernos regionales y municipales sobre los usos que les dan a los fondos públicos que reciben? Ahí sí hay necesidad de armonizar, fiscalizar y vigilar. Construir monumentos al dinosaurio no está en armonía con las necesidades de la población. Si algún privado quiere hacerlo con su plata y en su jardín, a lo más sentiremos lástima por sus vecinos, pero está en su derecho. El Gobierno debe entender que solo puede controlar los fondos públicos. No dejemos pasar una ley así.
Eduardo Morón es economista y catedrático de la Universidad del Pacificio. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por El Comercio, el 9de Noviembre del 2006. Petroleumworld Bolivia no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.
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Petroleumworld Peru 19 10 06Copyright © 2006 Eduardo Morón . Todos los Derechos Reservados.
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