EXTRA
Pascual
E. Alejo Rettiz:
"Alberto Fujimori extraditado con toda justicia"
El caso del ciudadano
Alberto Kenya Fujimori Fujimori, ahora con la Resolución que aprueba la extradición al Perú por
dos delitos de violaciones a los derechos humanos y cinco delitos de
corrupción, adoptada por la II Sala Penal del máximo
Tribunal Chileno que revoco el fallo del inefable Juez chileno Orlando Álvarez,
ponen fin al proceso de extradición entablada por el Estado
Peruano; y que, hoy debe llevarnos a actuar con solvencia moral y serenidad,
sin descuidar los conceptos jurídicos que deben esgrimir los
defensores de ambas partes, debiendo recordar que estamos frente a
uno de los mas grandes hombres corruptos que dio la humanidad al mundo
en el caso de esta región de América, a la vez que cuenta
con una estimada cantidad de Congresistas Fujimoristas, entre ellos
al hermano, la hija y acérrimos defensores del ahora denominado
presunto delincuente y homicida Fujimori Fujimori que, tiene en el
Congresista Carlos Raffo a su mas conspicuo defensor que no se cansa
de pregonar la inocencia del nipón.
Como peruanos tenemos
la obligación de ser vigilantes sin apasionamiento,
porque dudamos que esta entrega del extraditable japonés a nuestro
país (tenga un final feliz), más allá de los comentarios
y argumentos políticos y jurídicos, sostenemos en pie
que, esto es para distraer la atención social sobre los acontecimientos
que vive el Perú muy coincidentemente. El camino de la investigación
que este gobierno debe esgrimir es la NO convivencia aprafujimorista.
De lo contrario nos quedaría la duda, y por ende se entendería
como darle el vuelto del favor político (de la prescripción
de las penas y delitos contra el señor Alan García Pérez)
que consiguieron los defensores del actual presidente del Perú,
casi durante el gobierno de la década fujimorista. Porque así,
fue tratado el caso del Frontón conseguido por la ex – abogada
y actual Embajadora del Perú en Argentina Abogada Judith de
la Mata a favor del señor Alan García, quien después
de ser denunciado por presuntos hechos de corrupción y actos
de lesa-humanidad, hoy esta de Presidente del Perú. Por eso,
debe existir una vigilancia imparcial, dándole a Fujimori Fujimori
el derecho a la defensa y comprender todos sus actos dolosos dentro
del debido proceso como persona natural de presunto delincuente común,
exigiendo respeto ante el pueblo peruano.
En estas circunstancias
se debe de exigir a los Fujimoristas que ostenta sueldos del estado
(congresistas y funcionarios) a no incitar a la
población (del cordón urbano marginal de la capital y
del país) con movilizaciones compradas y manejadas del cual
están muy acostumbrados a realizar para llevar en confusión
a la opinión publica nacional e internacional como si fuera
un respaldo masivo, llamado por ellos el plan “perturbación
social” para el enfrentamiento entre los peruanos; eso no debe
ser la actitud ni el camino para demostrar según ellos la inocencia
de su líder el japonés Fujimori.
Al Perú le corresponde aclarar al mundo que no existe ninguna
persecución política contra los fujimoristas (porque
esa opinión vende y continuaran vendiendo el Congresista Carlos
Raffo y cía. Fujimori) en cuestión de derechos humanos
y que, la justicia en esta parte de América, debe ser la forma
más brillante y limpia de juzgar dentro del debido proceso y
con garantías plenas al comprometido Fujimori, sin presión
de ninguna clase o tinte político, solo así demostraremos
que somos capaces de estar dentro los estándares de la civilización
mundial y sentenciar con toda justicia los actos criminales y de corrupción
de aquellos que resulten responsables. Eso es la conducta que hoy los
altos magistrados del país deben profesor para todos los casos,
desde el mas humilde reo hasta el encorbatado y adinerado de los reos
y presuntos culpables de los hechos que el Perú conoce públicamente.
El juzgamiento
a Fujimori Fujimori debe ser tratado como se viene procesando a Vladimiro
Montesinos, entre otros, sin favoritismos. Llegado
el momento, de acuerdo a las normas penales y civiles deben ser confrontados
para los esclarecimientos de los actos de corrupción y las matanzas
de barrios altos y la cantuta. Repetimos aquí ninguna intromisión
política debe ser avalada o valida; se debe actuar con rigor
jurídico y ser juzgados estos hechos como lo exigen las normas
peruanas; se tiene que aceptar y colaborar con la justicia peruana
sobre este proceso histórico para nuestra patria y que, sirva
como ejemplo que en nuestro país nunca mas debe existir la impunidad
política ni jurídica.
Pascual E. Alejo Rettiz es
periodista y analista .Sus
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Perú 23 09 07
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