EXTRA
Humberto
Campodónico:
¿Sabe el gobierno
qué quiere hacer con las empresas públicas?
Desde el inicio, el gobierno se ha comprometido con la repotenciación
de Petroperú y se han firmado acuerdos estratégicos con
otras empresas estatales, destacando Petrobras y, luego, Ecopetrol.
Hace dos días, en Quito, se ha anunciado también la firma
de acuerdos con la poderosa Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Pero
el gobierno no tiene una visión clara sobre el rol de las empresas
públicas (EP) en el proceso de desarrollo. El neoliberalismo
planteaba venderlas en el menor tiempo posible "porque son ineficientes
per se en la gestión de recursos, además de ser un botín
del partido político de turno". Su máxima expresión
es la Constitución de 1993 (Art. 60) que establece la subsidiariedad
del Estado en la actividad empresarial. En una palabra, las EP solo
deberían realizar actividades que no pueda hacer el sector privado.
Este
dogma ya ha sido superado hasta por el Banco Mundial. En un reciente
informe (1) reconoce que "se ha hecho patente que el Estado, tanto
por razones políticas como económicas, seguirá
siendo durante muchos años un propietario principal de activos
productivos en un conjunto de actividades económicas" (p.
3).
Luego
analiza las deficiencias y plantea una gama de alternativas, que siguen
los lineamientos de la OCDE. Se dice que las EP enfrentan "regulaciones
adicionales del Estado que dan lugar a un complejo conjunto de requisitos
operacionales y de procedimientos que las colocan en condiciones desiguales
frente a sus contrapartes privadas y significativamente limitan la flexibilidad
y eficiencia de sus operaciones (...) están sujetas a reglamentos
de adquisiciones, inversiones, presupuesto, contratación de personal
y de salarios, control de auditoría y a las regulaciones del
FONAFE".
Cierto.
Uno de los casos más saltantes es el pago de las pensiones de
la 20530 por las EP (dispuesto por el DS 043-2003-EF), lo que no sucede
con ninguna empresa privada. Para ENAPU, esta pesada carga asciende
a US$ 20 millones anuales. Sin embargo, el regulador Ositrán
no la reconoce y ha determinado que ENAPU cobre tarifas bajas, que la
quebrarían, por lo que esta ha recurrido al Poder Judicial.
¿Qué
quiere Ositrán? Demostrar la "ineficiencia" de ENAPU
para poder privatizarla a determinados grupos de poder económico.
Hasta hace poco, este gobierno avalaba esa política, pero hace
dos días la ministra Zavala ha dicho: "me parece realmente
grave que Ositrán no pueda distinguir entre una empresa pública
que tiene una carga pensionaria, y una empresa privada" (Gestión,
16/1/07). ¿Y ahora qué viene?
Con
Sedapal durante Toledo hubo toda una campaña para descapitalizarla
primero y privatizarla después (PPK no aceptó el préstamo
blando de Japón para Marca II y se recortaba su presupuesto de
inversiones). Pero este gobierno cambió esa política,
planteó repotenciar Sedapal y lanzó el Programa "Agua
para Todos".
En
diciembre, en una semana el Congreso aprobó la Ley 28941, por
la cual el MEF asume el saldo de la deuda tributaria de Sedapal con
la SUNAT (S/. 3,502 millones), lo que constituirá aporte de capital
del Estado. Si bien el 70% de esa deuda son intereses, el problema es
que casi no hubo discusión sobre el origen de la deuda y la responsabilidad
que pudiera incumbirles a algunos de los funcionarios. En este caso,
la voluntad política de Alan García y de su ministro Hernán
Garrido Lecca rompió el impasse –con una ley- en menos
de lo que canta un gallo.
Pero
las EP no necesitan "impulsos" de mandatarios ni ministros
"buena gente", sino un nuevo marco legal para que las que
se van a mantener (de todas maneras, y para comenzar, Petroperú,
ENAPU, Sedapal y Electroperú) puedan competir bajo las mismas
reglas que la empresa privada, como sucede en Chile, Colombia y Brasil.
Eso lo dice hasta el BM, como ya hemos visto. Hay que derogar el dogma
neoliberal de la Constitución de 1993 y proponer una nueva política
que encare la reforma integral de la propiedad, gestión y control
de las empresas públicas. Ese es el camino.
(1)
"Perú: Evaluación nacional de la gobernanza corporativa
de las EEPP", julio 2006, www.fonafe.gob.pe)
Humberto
Campodónico
es
columnita del Diario La República.
Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota
del Editor:Este comentario fue originalmente publicado por La
República,
el 16 de enero del 2007. Petroleumworld lo reproduce en beneficio de
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Petroleumworld Peru 21 01 07
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