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Comentario Editorial/Opinión

 

El Comercio : 'Petroaudios' y 'chuponeo':
un año de deuda pendiente con el país


 

Editorial

Lo evidente es que León y Quimper saben mucho. Pero cuando hablan es a regañadientes. La estrategia, coordinada con sus cómplices en libertad, parece ser dejar pasar el tiempo...

La constatación es dura pero irrefutable: Hace un año detonó el escándalo de los “petroaudios” —vinculado a las oscuras negociaciones que llevaron a la empresa noruega Discover, asociada con Petro-Perú, a ganar la licitación de varios lotes petroleros— y los peruanos seguimos sin saber quiénes están detrás de un esquema de corrupción cuyas ramificaciones rebasan el caso particular de Business Track —cabeza de una vastísima red de interceptación de comunicaciones o “chuponeo”.

La verdad es que en el caso de los “petroaudios” los primeros implicados, Rómulo Léon Alegría y Alberto Quimper Herrera, no tienen hasta ahora acusaciones legales firmes y contundentes, aunque éticamente ya fueron descalificados por la opinión pública. Y hoy, con grave escarnio para el Estado de derecho, siguen pulseando para recuperar plena libertad. Ello con sospechosos, pero indudables arrebatos de fuerza, que serían a su vez amenazantes mensajes cifrados para los involucrados que están, al parecer, en diferentes niveles del Estado.

ANUNCIOS DE CAMBIO PARA QUE TODO SIGA IGUAL.

Lo evidente es que León y Quimper saben mucho. Pero cuando hablan es a regañadientes. La estrategia, coordinada con sus cómplices en libertad, parece ser dejar pasar el tiempo, que se diluya el interés de cierta prensa incómoda y de la ciudadanía, efectuar en el entretanto anuncios moralizadores y de cambio para, finalmente —como en la novela “El Gatopardo” de Lampedusa— lograr que todo continúe igual.

Es decir, seguir conviviendo con y dentro de un sistema corrupto, que unos pocos controlan y del cual medran, mientras la ciudadanía está condenada a soportarlo sin poder hacer nada. Muestras de ello son la caída de un Gabinete y su reemplazo con compromisos rimbombantes de lucha contra la corrupción y las iniciativas anticorrupción lanzadas sin apoyo político ni presupuestal. También el encarcelamiento, la libertad provisional y la nueva vuelta a las rejas de León Alegría, todo dentro de un circo mediático sin anclaje sustantivo.

A ello se suma el pedido de la jueza a cargo de BTR para inhibirse del caso y a renglón seguido su confirmación; la resistencia a ampliar los plazos de investigación y tras ello la aceptación de nuevos plazos; la inexplicable e injustificable demora para abrir los discos duros y hasta la falta de provisionamiento presupuestal (¡había que pagar simples peritos!) para ello; el show de León Alegría cuando plantó a la comisión congresal que lo entrevistó en el penal, etc.

La verdad es que, tanto el Poder Judicial como las comisiones investigadoras del Congreso han tenido actuaciones patéticas, sobre todo la de los “petroaudios”, mientras la otra, de espionaje, demora su informe mes tras mes.

Los congresistas investigadores han sido burlados por los principales protagonistas del escándalo. ¿Cómo es posible que, un año después, sigamos desconociendo qué hay en los discos duros de las computadoras? ¿Y cómo es que, mientras tanto, las nuevas evidencias son aportadas por la prensa y no por el examen concienzudo de los documentos y de testigos?

¿QUIÉNES PAGARON POR CHUPONEAR A QUIÉN?

En lo que se refiere propiamente al caso de espionaje telefónico (“chuponeo”), la conducta de los jueces y de las comisiones parlamentarias sigue siendo igualmente deslucida y generadora de suspicacias. Lo único que se sabe es que hay seis detenidos, entre ellos varios miembros de la Marina de Guerra, pero las preguntas de fondo siguen sin ser esclarecidas.

En tanto, la cereza de la torta ha sido el reciente enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Judicial, a partir de la insistencia de la Comisión Luizar, formada para deslindar las responsabilidades políticas y funcionales en el espionaje telefónico, por conocer el contenido de los audios en poder de la jueza María Martínez, cuyos fueros han sido defendidos, en un tono y escenario melodramáticos, por las más altas autoridades del Poder Judicial.

Sin embargo, ni unos ni otros responden: ¿Por qué no se conoce todavía quiénes pagaron por espiar a quién, por qué y para qué? ¿Cuál es el nivel de involucramiento de entidades institucionales (de gobierno) y empresariales (privadas) en prácticas delictivas destinadas a espiar, amedrentar y extorsionar a enemigos políticos, o, del otro lado, a conocer, por medios ilícitos, las estrategias de la competencia y tener información privilegiada?

¡NO A LA IMPUNIDAD!

El sentido común —que es lo que menos caracteriza a ciertos jueces y parlamentarios—, indica que no existiría “chuponeo” si no hubiera alguien que encarga y paga por tan invasiva tarea, que viola derechos humanos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones, la privacidad y la intimidad. Y, es bueno recordarlo, corresponde al Estado democrático garantizar la vigencia y primacía de estos derechos, y poner todos los medios para ello.

Sin embargo, acá sucede lo contrario. La corrupción, por lo que parece, sigue instalada en algunos niveles del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. De otro modo no se entiende el persistente, impermeable y grueso manto de impunidad que se tiende sobre esta red de corrupción, cuyos principales tentáculos debemos diferenciar: por un lado lo concerniente al tráfico de influencias dentro de la estructura del Estado para favorecer a unas cuantas empresas; y por otro lado, los esquemas gangsteriles de espionaje y extorsión.


EL ENCANALLAMIENTO QUE NOS AGOBIA.

Lo descrito arriba podría estar convirtiéndonos en un país de corruptos y “chuponeadores”, en el que no podemos desarrollarnos bajo las reglas del libre mercado y la competencia leal; tampoco confiar en nadie ni comunicarnos libremente con quien queramos, como es nuestro derecho, pues sospechamos que alguien nos escucha.

Es este prospecto de envilecimiento y encanallamiento de la sociedad el que El Comercio repudia como medio de comunicación responsable e independiente. Hacemos nuestras, por tanto, la desazón y la indignación ciudadanas ante una actuación negligente o cómplice de personajes encumbrados en los poderes públicos que no quieren entender los principios del sistema democrático y están poniéndolo en grave riesgo, de una manera tan escandalosa e irresponsable.

Las más altas autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República y del Poder Ejecutivo —aunque no son quienes llevan directamente las investigaciones— siguen en deuda con el país, que reclama no solo deslindar responsabilidades sobre los “petroaudios” y la interceptación telefónica, sino también desbaratar todo el andamiaje corrupto que posibilitó esos delitos y sigue indemne e impune, precisamente porque contaría con la complicidad de personajes clave dentro de la estructura del Estado, que deben ser identificados y denunciados.

De proseguir este juego vil del gran bonetón, postergaciones y promesas que no se concretan, se condenaría al país a la permanente inestabilidad política, al subdesarrollo económico y a la erosión del tejido social.

Atravesamos un momento de gran expectativa de desarrollo económico y captación de inversiones, que puede esfumarse si todo en el país quedase supeditado al tráfico de influencias, el amiguismo y la corrupción.

Tras la debacle del régimen fujimontesinista, la promesa a los peruanos fue luchar para consolidar la democracia y superar el estado de corrupción política y moral, que fue su peor legado. Hoy, tenemos que volver a preguntarnos: ¿Qué se está aportando a esa reconstrucción democrática y ética de la sociedad? Jueces, congresistas y políticos tienen la palabra.


EL COMERCIO SE RATIFICA EN SU POSTURA.

Más allá de todo el proceso político y judicial en eterno curso, no hay duda de que la prensa jugó un rol trascendental en los casos mencionados, al margen de las polémicas tensiones que llevaron a debates intensos sobre la naturaleza de su función.

El Comercio, un año después, se ratifica en su posición original de no solo denunciar e investigar estos esquemas delictivos, sino también de diferenciar la tipología de los crímenes.

El tiempo nos ha dado la razón. Nuestra apuesta de fondo no fue defender al Gobierno ni al Gabinete Del Castillo, sino preservar la auténtica gobernabilidad del país. Sí publicamos todo cuanto el rigor periodístico nos permitió informar sobre el caso. Y ante la pregunta insidiosa de “¿por qué no difundimos antes el contenido de los audios?”, la prudencia y nuevamente la ética y el rigor hicieron que contestáramos: “¿A quién le interesaba publicarlos sin cuestionar su origen? ¿Por qué en esa oportunidad y con qué intenciones? ¿A quién favorecía armar un río revuelto y desestabilizar el país?”.

Después de detonado el escándalo a través del programa “Cuarto Poder” hubo un primer pico moralizador —que llevó en pocos días a la renuncia del ministro de Energía Juan Valdivia, y a la caída del Gabinete pero luego la moralización descendió a un sospechoso punto muerto.

Ese proceso de involución ha sido desastroso y sigue trayendo cola. Hace pocas semanas un ministro se vio obligado a renunciar por su vinculación con BTR; y en estos días nuestro Diario ha puesto al descubierto extrañas relaciones nada menos que del ex presidente de Petro-Perú, César Gutiérrez.

Así pues, ante la constatación de que la ilegal maquinaria de interceptación (potenciada por el fujimontesinismo) no ha sido desmontada hasta ahora, y ante la pregunta recurrente de “¿quiénes graban y por qué?”, tenemos que agregar: “¿Quién protege a los que siguen grabando?”.

Un año después, lo único preciso es constatar que una prensa crítica es inherente a una democracia saludable, para bregar por la transparencia y denunciar cualquier acto de corrupción, antes de que esta haga metástasis en el aparato del Estado, como algunos quieren hasta hoy.

 

 

El Comercio es uno de los diarios mas importantes de Peru. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario Editorial fue originalmente publicado por El Comercio, el 07 de octubre de 2009 . Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores.

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Petroleumworld Perú 08/10/08

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