Comentario
Editorial/Opinión
Gustavo
Espinoza :
Un
año de desgobierno aprista
Luego de doce meses de gestión las encuestas de opinión
le otorgan al Presidente García un magro 24% de aceptación
ciudadana. Estruendosa caída acelerada vertiginosamente cual
jet en la pista de aterrizaje de Sao Paulo, si se considera que sólo
en mayo de este año su nivel de aprobación aún
bordeaba el 51%. Y preocupante por cierto porque en las condiciones
del país, con la profundidad de la crisis y con la debilidad
de las fuerzas de izquierda, el camino de “salida” puede
ser aún peor.
Un sutil cambio
en los mecanismos destinados a evaluar la estadística
permite al régimen aprista asegurar ahora que en sus doce meses
de gestión la pobreza ha disminuido en el Perú en un
4.2%, cifra que recusa la anterior gestión del Instituto Nacional
de estadística arguyendo que responde a un artificio burocrático.
Pero independientemente
de la anécdota, lo real es que la pobreza
en Ayacucho -la región más lacerantemente golpeada por
la violencia en las últimas décadas del siglo XX- subió del
77.3% al 78.4%, en tanto que en Huancavelica -reducto minero de riqueza
excepcional- decayó apenas del 90.3% a fines del 2005 a un 88.7%
a comienzo de este año.
El manejo de las
cifras puede mucho, por cierto. Pero permite también
advertir que, en efecto, una cierta disminución de la pobreza
se dio en el área urbana de Lima e incluso un poco en la costa;
pero en la sierra ella alcanzó un estimado global del 63.4%
en tanto que en la selva llegó al 56%. Departamentos claves
de nuestro país reflejan cifras sencillamente dramáticas:
en Puno, por ejemplo, el 76.3% de la población vive bajo el
límite de la pobreza; en Apurimac esa realidad afecta al el
74.8% de los habitantes; en Huanuco al 74.6%; en Pasco al 71.2%; en
Loreto el 66.3% y en Cajamarca el 63.8% no obstante que allí -y
en Ancash- operan las minas de oro más ricas de América.
Y es que, en realidad, es cierta la afirmación del economista
Humberto Campodonico: aumenta la pobreza en la sierra rural, y la desigualad.
Los expertos anotan
-en este cuadro- que la pobreza supera el 50% en 12 de los 24 departamentos
y regiones del país y alcanza
niveles situados por encima del 70% en cinco de ellos, donde hoy se
viven dramas agravados por el “friaje” y la política
autoritaria y represiva del gobierno.
Si consideramos
que en la orilla opuesta, las empresas mineras tuvieron en el periodo
una sobre ganancia estimada pálidamente en unos
10,200 millones de soles (alrededor de 3,900 millones de dólares);
y que los exportadores textiles acumularon una cifra en ningún
caso inferior a los 800 millones de dólares de ganancia en el
periodo, tendremos una idea del abismo social, que generó el
neo liberalismo y que el gobierno del señor García alienta
con alegre irresponsabilidad.
A eso puede atribuirse
el hecho que en los dos últimos meses
el régimen aprista se vio afectado por un vigoroso descontento
social que debió reprimir con un costo muy alto: 20 muertos,
350 detenidos, 269 procesados y pérdidas materiales que se sitúan
por encima de los 200 millones de dólares.
Hoy, los mineros
de Casapalca han vuelto a su trabajo en la mina ubicada a 4 mil metros
de altura, pero saben que lo poco que lograron fue el
resultado de su vigorosa lucha. Los maestros se han visto forzados
a levantar su huelga quebrados por las maniobras divisionistas del
oficialismo, y retornan a sus aulas mordiendo el polvo de la frustración
y de la rabia. Los comuneros de Andahuaylas arrancaron con sangre la
rebaja de impuestos a los fertilizantes y subsidios para los insumos
alimenticios. Y en Arequipa se pudo asegurar que en lugar de comprar
5 panes por un sol, el gobierno aceptara entregar 8 por esa suma.
El territorio nacional,
luego de doce meses de gestión aprista
se ha convertido en un verdadero escenario de confrontación
y lucha, pero también de “toma y daca”, avance y
retroceso, victoria o derrota para un pueblo esquilmado que no sabe
aún cómo hacer para quitarse de encima a una clase que
hace escarnio de la miseria y el atraso de millones para convertirlo
en capital que le permita perpetuar su poder sobre la sociedad entera.
Hoy también el gobierno promulga decretos que reflejan su impotencia:
dispone arancel cero para la importación de harina de trigo
y procura proteger también los precios de la gasolina “barata” -la
de 84 octanos- el kerosene y el diésel; pero sobre todo un modo
de proteger el precio del pan, los pasajes y los combustibles. Habría
que preguntarse, sin embargo, si ya no es tarde. Si a doce meses de
gestión esa política -como las anteriores- no está simplemente
condenada al fracaso.
Y es que hoy también otras poblaciones exigen lo mismo que
acaba de concederse a los pobladores de Andahuaylas. Y el gobierno
se sitúa en una disyuntiva terrible: si cede, se le cae el “modelo”,
y si no, se termina de caer él mismo.
Si en febrero de
este año se perdieron alrededor de 20 mil
horas hombre por huelgas y paros; sólo en junio de este año
la cifra subió por encima de las 300 mil, en una circunstancia
en la que la agudización de los conflictos sindicales se parece
como una gota de agua a otra con lo que ocurría bajo el gobierno
de Toledo. Por eso hoy una buena parte de los peruanos sostiene que,
en definitiva, el gobierno de García no es mejor que el de su
servil predecesor.
El horizonte no
resulta tampoco alentador. Por primera vez en 64 meses ha caído el PBI. Luego de un largo periodo de crisis, en el
2005 se sitió en un 6.4% y en el 2006 subió al 8.0%,
pero hoy bajó el 7.5% que si se mantiene implicará el
primer retroceso ostensible de los indicadores macro económicos,
hasta hoy la imbatible fortaleza del oficialismo.
Algo similar puede
advertirse considerando los ingresos corrientes del gobierno central.
Si en el 2004 llegaron a un 11.6% y subieron
a un 14.9% en el 2005 alcanzando un 25.6% en el 2006, cómo se
explica que se proyecten apenas al 15.0% para el 2007 sino es por la
ineficiencia de la gestión gubernativa?
García no registra una personalidad estable. Puede emprender
una ofensiva liquidadora contra maestros, mineros, pobladores, o trabajadores
en general acusándolos de renegones o “comechados”,
pero puede también concentrar su ira contra sus ministros, colaboradores
o funcionarios. No le importa. Sólo le interesa que nadie piense
que el responsable de la crisis que se avecina, es él.
Y eso es lo que
la gente está percibiendo de manera creciente.
Y claro que no lo admite sólo a partir de las características
personales del mandatario, sino también como consecuencia de
un rumbo realmente incompatible con los intereses nacionales.
En política no hay “situaciones sin salida”. Si
el pueblo avanza, se organiza y lucha, podrá cambiar la realidad
para mejor. Pero si eso no ocurre, cambiará para peor.
Doce meses de gestión aprista colocan al país ante una
disyuntiva ciertamente dramática de la que va tomando conciencia
incluso una parte del pueblo aprista. No a otra cosa se puede atribuir
el hecho que incluso altos dirigentes de ese Partido, como el Secretario
Nacional de Organización hayan sido sorpresivamente “destituidos” de
sus funciones por considerar que “han perdido la confianza” de
los gobernantes. Ese camino es conocido. Y todos sabemos a dónde
conduce.
El desgobierno
aprista, a los doce meses de gestión, se ha
tornado una realidad inocultable.
Gustavo
Espinoza es
congresista de UPP por el departamento de Lambayeque. Sus
puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.
Nota del Editor: Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado
por ARGENPRESS, el 22 de julio del 2007. Reproducimos el mismo en
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Petroleumworld
Bolivia 22/07/07
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