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Comentario Editorial/Opinión

 

La República : Atolladero


Editorial

Lo que en un primer momento pareció un acuerdo saludable que ponía término a una situación de fuerza y restauraba la calma entre los agricultores cocaleros de Tocache y el gobierno ha revelado muy poco después de serias grietas que podrían hacerlo impracticable. El punto más discutido, pero no el único, consiste en el plazo durante el cual se suspenderá la erradicación de cocales y se procederá a un nuevo censo de productores de hoja de coca.

Según fuentes del Ejecutivo, este plazo es de 10 días, mientras que según los cocaleros es de 30. Lo cierto es que ninguna de las dos cifras figura en el documento firmado, pero resulta obvio que 10 días es un plazo imposible de cumplir para concluir el empadronamiento, tomando en cuenta que se trata de cientos de productores, en su mayoría poseedores de terrenos de unas cuantas hectáreas, no siempre próximos unos de otros.

Los representantes de los cocaleros afirman que el ministro de Agricultura Juan José Salazar, inexperto en estas lides, viene siendo presionado por otros miembros del Ejecutivo y la embajada de los EEUU para que reduzca el plazo al mínimo, pues se trata de una concesión que ningún gobierno hizo jamás a los productores. Un dato elocuente de Enaco es que en 2003, cuando se consideraba existían unos 32,000 productores, apenas 8,453 vendieron algo a la oficina estatal, se evalúa que el resto fue a los narcos.

El segundo problema es que el ministro se ha comprometido a proceder a la erradicación de los cocales que se encuentren dentro de los mil metros de las pozas de maceración", algo que descubre una enorme ignorancia respecto del modus operandi de los agricultores, que ubican las pozas de maceración lejos de los campos de cultivo y vecinas a cursos de agua, los que resultan contaminados por químicos. Si se cumpliera este acuerdo, es obvio que toda erradicación se suspendería.

Hay, además, un tercer problema que no tardará en manifestarse, y es que el acuerdo logrado por Tocache –en caso de cumplirse– lo ubica en situación ventajosa respecto del VRAE, La Convención y otras cuencas cocaleras, las mismas que no tardarán en reclamar idénticas condiciones, y con la parecida o mayor coacción. Consciente a posteriori de las consecuencias de lo que ha pactado, el ministro Salazar ha ofrecido renunciar si así se lo pide el presidente García. No es seguro que esto ocurra, pues su condición de militante aprista le concede cierta protección que no tuvo Pilar Mazzetti. Pero el mal está hecho, y alguien deberá pagar los platos rotos y sacar (si puede) al Ejecutivo del atolladero en que se encuentra.

 

La República es uno de los diarios mas importantes de Perú. Sus puntos de vista no necesariamente son los de Petroleumworld.

Nota del Editor: Este comentario fue originalmente publicado por La República, el 18 de marzo del 2007. Reproducimos el mismo en beneficio de los lectores. Petroleumworld Perú no se hace responsable por los juicios de valor emitidos por sus colaboradores y columnistas de opinión y análisis.

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